Hacia un nuevo proceso constituyente.

- Promulgación de una nueva Constitución en sustitución de la actual constitución obsoleta y fruto del momento histórico que atravesaba España en 1978.

- La protección del territorio nacional y la integridad de la unidad nacional frente a acciones políticas secesionistas. Disolución del actual Estado de las autonomías, respetando siempre la rica variedad de sus regiones, lenguas, usos y costumbres.

 - Reconquista de la soberanía nacional: militar, política, cultural, económica...

- La nueva constitución declarará a la persona por encima de la economía, de la política y el Estado. Se recogerán las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos, teniendo como premisa más libertad, más igualdad entre españoles y mayor participación ciudadana en la vida pública.

 

 - Creación de un Estado donde realmente impere la ley, donde la justicia sea una justicia real.

 - Reconstrucción de la unidad de la familia como pilar fundamental de la sociedad.

 - Proteger y apoyar la protección de la Investigación Científica y Tecnológica, del paisaje, del medio ambiente y del patrimonio nacional.

 - Se garantizará la aconfesionalidad del Estado y se respetará el derecho a la libertad religiosa, aun así se respetará también las raíces espirituales de la nación española.

- La nacionalización de las industrias estratégicas para los intereses del Estado.

- Se garantizará la prioridad nacional. En empleo, vivienda, sanidad y educación los españoles primero.

Estos derechos serán innegociables en el nuevo Estado. 

Esta declaración de intenciones está abierta a futuros cambios, fruto de la evolución ideológica y programática.

Stop Desahucios

Entre 2007 y 2011 se han producido cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español. Centenares de miles de familias que están siendo desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. Es inadmisible e intolerable que en un Estado Social y Democrático de derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social. 

 Las administraciones publicas, lejos de dar respuesta a esta situación de emergencia habitacional y detener la sangría de desalojos, parece más dispuesta a amparar y proteger los intereses de las entidades financieras que a defender los derechos mas elementales de la ciudadanía. Los poderes públicos están siendo cómplices de la vulneración de este derecho básico, incumpliendo el marco jurídico estatal, así como diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el estado español:

 * Se vulnera el artículo25 de la declaración universal de los derechos humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…” * Se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, donde dice que el estado esta obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmo y ratifico este pacto, por lo que está obligada a respetarlo. 

* Se vulnera el artículo 47 de la Constitución Española, que dice literalmente: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística.” 

 Los desalojos por causas económicas(es decir, por falta de ingresos), no sólo atentan contra las necesidades más elementales de la población en un contexto de crisis, sino que además incumplen con la legalidad del propio estado. Ante la vulneración sistemática de nuestros derechos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hace un llamamiento a la acción. Estamos convencidos que ha llegado el momento de alzar nuestra voz y gritar: ¡No permitiremos mas desalojos! ¡No dejaremos que el banco nos eche de casa! ¿No permitiremos que sigáis traficando con nuestras necesidades!